¿Qué significa la Resolución 3425 de 2025 y por qué es tan importante? La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) tomó una decisión de gran impacto ambiental, social y económico para el departamento: mediante la Resolución No. 3425 de 2025, emitida el 26 de diciembre de 2025, se negó la solicitud de licencia ambiental presentada por la empresa Best Coal Company S.A.S. (identificada con NIT 900.679.739-3) para desarrollar un proyecto minero en el sur de La Guajira, específicamente en la zona de Cañaverales, entre los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar.
Corpoguajira ¿Qué era el proyecto “Mina Cañaverales”?

El proyecto minero que buscaba desarrollar Best Coal Company (BCC), filial de un grupo internacional con origen turco, pretendía establecer una mina de carbón a cielo abierto para extraer aproximadamente 7 millones de toneladas de carbón durante los próximos 10 años desde la zona rural de Cañaverales.
Este tipo de proyectos requiere, como paso fundamental, obtener una licencia ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente (en este caso, Corpoguajira). La licencia es un permiso legal que certifica que el proyecto cumple con todas las normas ambientales vigentes y demuestra que el impacto sobre ecosistemas, recursos hídricos y comunidades ha sido evaluado y mitigado adecuadamente.
¿Por qué Corpoguajira negó la licencia ambiental?
Aunque la resolución completa del acto administrativo incluye sus fundamentos técnicos, el texto oficial señala que la solicitud de licencia no cumplió con los términos, lineamientos técnicos ambientales y parámetros establecidos en la ley, basándose en un informe técnico elaborado por el equipo evaluador de la entidad.
Factores específicos de análisis a la decisión de Corpoguajira
Según organizaciones especializadas y observatorios ambientales, varias razones técnicas y sociales influyeron en la decisión:
1. Deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA):
Estudios incompletos o con datos desactualizados.
Falta de análisis socioeconómico de la región y falta de procesos de participación adecuados con las comunidades locales.
2. Riesgo para recursos vitales:
El proyecto se proyectaba en cercanía con el manantial de Cañaverales, fuente de agua para consumo humano y riego agrícola de la zona.
El desvío de acequias tradicionales y la captación de cientos de miles de litros diarios podrían afectar la disponibilidad de agua.
3. Cuestiones de participación comunitaria:
Líderes locales y consejos comunitarios denunciaron que no se garantizó adecuadamente el derecho a la consulta previa, libre e informada, un requisito legal y constitucional para proyectos que puedan afectar comunidades étnicas o tradicionalmente vinculadas a su territorio.
¿Qué dijeron las comunidades?

Desde antes de la decisión final, los habitantes de Cañaverales —incluyendo comunidades afrodescendientes y Wayuu— se organizaron para defender su territorio, destacando que:
El agua y la agricultura son esenciales para su vida y economía local.
El proyecto implicaría la transformación irreversible de ecosistemas, modos de vida y recursos naturales.
Las audiencias públicas ambientales tuvieron una participación masiva, con más de 200 personas registradas.
En la audiencia pública realizada el 14 de junio de 2025, los habitantes expresaron su rechazo a la explotación minera, mostrando su preocupación por los efectos que una operación de este tipo tendría sobre el agua, la tierra y la seguridad alimentaria de la región.
La cuestión legal: ¿Qué sigue tras la resolución?
La Resolución 3425 de 2025 no sólo niega la licencia, sino que también:
Ordena el archivo definitivo del expediente administrativo una vez la decisión quede en firme.
Establece los plazos y mecanismos de notificación de la decisión tanto para Best Coal Company S.A.S. como para terceros interesados en el proceso.
Además, el documento indica que contra esta decisión puede interponerse un recurso de reposición según los plazos y procedimientos estipulados en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
¿Por qué es relevante esta decisión para La Guajira?
La negativa de Corpoguajira de otorgar la licencia ambiental a este proyecto representa un hito significativo para el departamento:
Protección del agua y el territorio

La decisión pone en el centro la protección de recursos hídricos estratégicos y la seguridad alimentaria, diminuyendo el riesgo de impactos ambientales severos.
Derechos de las comunidades
El caso reaviva el debate sobre la participación ciudadana y la consulta previa, especialmente en territorios con presencia de comunidades tradicionales y étnicas.
Control riguroso del Estado
La resolución evidencia que las autoridades ambientales en Colombia están siendo exigentes en el cumplimiento de normas técnicas, sociales y ambientales, y no sólo se trata de aprobar proyectos por su potencial económico.
Contexto más amplio del licenciamiento ambiental en Colombia
Las licencias ambientales son requisitos obligatorios para proyectos que puedan generar impactos sobre el ambiente, como minería, grandes infraestructuras, industrias o actividades extractivas. Estas licencias son entregadas por las autoridades ambientales competentes, nacionales o regionales según la magnitud y el tipo de proyecto.
La normativa en Colombia también exige procesos de participación pública, transparencia y cumplimiento de estándares ambientales claros antes de que cualquier proyecto pueda operar legalmente. Este marco protege tanto el ambiente como a las poblaciones afectadas por decisiones de inversión.
¿Qué puede pasar ahora?
Después de la negativa:
La empresa puede presentar un recurso jurídico para intentar revertir la decisión si logra subsanar los requisitos que no cumplió.
Las comunidades y organizaciones sociales continuarán vigilantes del cumplimiento de la resolución y de futuros trámites relacionados con cambios territoriales o proyectos extractivos en la región.
Conclusión
La Resolución 3425 de 2025 de Corpoguajira es más que un documento administrativo: es una decisión que pone en el centro la protección del ambiente, los derechos comunitarios y el desarrollo sostenible de La Guajira.
Este caso es ejemplo de cómo las autoridades ambientales, las comunidades y la sociedad civil pueden participar en decisiones que afectan de forma directa la vida y el futuro de territorios estratégicos para el país.
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